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 Inabec: 25 años de labor continua
 Al asumir el cargo de director del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (Inabec), el doctor Gerardo Ayzanoa reparó la ausencia de una red informática y el excesivo personal administrativo.
Además, encontró una deficiente atención al público, una base de datos inactual y la carencia de un proceso técnico de selección de beneficiarios. Es más, “por falta de un traductor, durante mucho tiempo, los estudiantes perdieron becas a Francia, Bélgica y Alemania”, declara Ayzanoa, especialista en procesos de reingeniería educativa desde el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde.
Creado legalmente hace 27 años, el Inabec celebró su primer cuarto de siglo en funciones, con la inauguración de un centro de documentación, el cual permite el acceso a información sobre becas y programas de estudio que ofrecen las universidades extranjeras, con las cuales el instituto mantiene convenios.
Pero la misión de la institución no se restringe a difundir los paquetes de estudio en ultramar, sino que dirige el propio otorgamiento de becas nacionales y extranjeras, que incluyen el trámite de visa y el sistema de crédito educativo.
La beca nacional tiene muchos beneficiados, pues está dirigida a cubrir las expectativas de los egresados escolares, quienes pueden continuar su instrucción en academias de preparación universitaria, institutos superiores y centros de educación ocupacional no estatal.
Para los bachilleres universitarios, el Inabec ofrece programas de extensión y especialización en diversas centros de América y Europa. Asimismo, otorga créditos con muy bajo interés (1 por ciento mensual) para que los alumnos de centros particulares paguen pensiones y gastos de matrícula.
“En este último aspecto encontramos muchas irregularidades. No se realizaban estudios socioeconómicos a los postulantes para saber quiénes realmente necesitan los préstamos”, aclara Ayzanoa.
Los objetivos logrados en la actual gestión, se reflejan en la mejor calidad de la atención, reducción en más del 60 por ciento de los gastos operativos y la creación de un programa sistematizado para la evaluación de beneficiarios.
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