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 Transparencia y participación en la inversión social
 UNO de los principios que se impuso poner en práctica el actual equipo de Gobierno, desde que asumió responsabilidades públicas, consiste en dotar de la debida transparencia a las decisiones que tenga a bien adoptar mediante las diversas instancias del Estado.
Esta convicción no tiene por qué ser un mérito o una virtud de los actuales gobernantes, sino más bien un imperativo, una obligación de toda gestión pública. La honestidad y la transparencia deben ser parte de la filosofía de cualquier gobierno democrático.
Parte del problema está en que, precisamente, lejos de haber sido la regla, tales valores se convirtieron en la excepción. Pero no sólo la transparencia fue escasa; junto con ella, la arbitrariedad en las decisiones de gestión de los recursos públicos (por ejemplo, orientar el gasto social en función de criterios políticos) guió por mucho tiempo el quehacer gubernamental.
El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes) sufrió de no pocas taras (nepotismo, manipulación política, y planillas con funcionarios fantasmas) que de hecho limitaron el impacto que pudo tener de haber sido manejado con criterios de transparencia y neutralidad.
Tras la reestructuración que se hizo en abril de este año, en la actualidad el Foncodes incorporó los mencionados criterios con la expectativa de cumplir una labor más eficiente, de que sus flujos de ayuda y de inversiones se dirijan hacia donde existan necesidades reales. Y en esta misión, el Foncodes no decide solo: este organismo requiere de la participación de los gobiernos locales y de las organizaciones de base para orientar capitales.
Es que la lucha contra la pobreza es un esfuerzo multisectorial, en el que ninguna institución, organismo o grupo político podrá atribuirse el monopolio de esa enorme tarea.
Pero esa participación debe fluir de manera tal que el Estado respete la autonomía de tales organizaciones, sin presiones ni chantajes. No habría peor tratamiento de la pobreza que el efectuado a cambio de lealtades políticas, es decir, subestimando la capacidad de criterio de los propios pobres.
En otras palabras, un programa de lucha contra la pobreza dejaría de ser tal si es que se aplica minusvalorando a los propios beneficiarios.
Por último, la participación de organismos de cooperación extranjera es central en esta tarea. A modo de ejemplo, el más reciente compromiso son los 50 planes productivos que el Foncodes impulsará en el corredor Cusco-Puno, proyecto de 31 millones de dólares en que el aporte de Cáritas y Chemonics International (con 12 millones) fue fundamental.
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