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 Propuesta peruana contra el terrorismo
 El mundo civilizado necesita de instrumentos que lo protejan del terrorismo, fenómeno convertido en una amenaza mundial. Tales mecanismos no se refieren exclusivamente a elementos disuasivos de carácter estratégico-militar, sino también a herramientas legales que apuntan a luchar contra este flagelo, con pleno respeto de los derechos humanos.
Merced a la infausta experiencia subversiva que nos tocó vivir, nuestro país asume su responsabilidad de contribuir con la comunidad internacional a fin de elaborar una legislación que combata eficazmente este fenómeno extremista, por lo que acaba de presentar a la Organización de Estados Americanos (OEA) el proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo.
La propuesta peruana considera necesaria la armonización de los códigos existentes en la región, de manera que se facilite la labor de detección, captura, juzgamiento y traslado de los elementos que participan de esa amenaza organizada.
De otro lado, la iniciativa plantea el tema del terrorismo desde un punto de vista integral, por lo que se sugiere prevenirlo, sancionarlo y eliminarlo mediante el fortalecimiento y la cooperación de los Estados miembros de la OEA.
Pero, el rigor y la firmeza de la proposición peruana no deja de tomar en cuenta los criterios vinculados a los derechos humanos y demás instrumentos jurídicos internacionales como los principios de soberanía y de no intervención.
En efecto, la experiencia de la sedición criminal que sacudió al Perú por muchos años no implica una respuesta desaforada, sino un proyecto que recoge el espíritu de principios fundamentales del Derecho Internacional, pues los Estados no pueden responderle al terrorismo con, digámoslo así, la misma moneda con que éste golpea.
Por tal razón, se precisa un cuidado especial de los derechos humanos de aquellos elementos que, pese a no respetar los que les correspondían a sus víctimas, hacen del terrorismo su metodología principal de práctica política.
Por supuesto que considerar esos principios universales no convierte a los Estados en entidades débiles, carentes de reacción frente a esta amenaza asesina. Parte de una respuesta efectiva se sustenta en facilitar la estrecha coordinación de las naciones en materia policial, financiera, económica y humanitaria, sin olvidar que el terrorismo no es un delito político –definición demasiado concesiva–, sino uno común, por lo que es un deber sancionarlo sin detenerse en miramientos de otro tipo.
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