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 Detener el tráfico de bienes culturales
 EL actual director del Museo Arqueológico Nacional Bruning de Lambayeque, Walter Alva, ha hecho importantes revelaciones que deberían ser consideradas por las autoridades, con vistas a fortalecer el resguardo del patrimonio histórico del país.
La primera de ellas indica que el tráfico de bienes culturales ocupa el segundo lugar en el mundo, después de aquel que se efectúa con armas y drogas. La magnitud de este flujo sugiere que en ese mercado negro se movilizan grandes cantidades de dinero, pues los objetos comercializados tienen fuerte demanda, o sea, personas o grupos de coleccionistas dispuestos a pagar altas sumas a cambio de piezas pertenecientes a antiguas civilizaciones.
Sin embargo, esa no es la única ni la más inquietante denuncia del mencionado especialista. Tras esa mención, el funcionario manifestó su extrañeza frente a la súbita desactivación, hace algunos años, del grupo de protección arqueológica policial, que tuvo un eficaz desempeño al desbaratar bandas dedicadas al contrabando cultural, intervenciones que permitieron recuperar hasta tres mil piezas.
El desmontaje de este grupo policial, cuyos agentes fueron removidos a otras regiones del país, no obstante los buenos resultados que lograban, afirmó Alva, ocurrió porque se llegaron a tocar intereses de personas con cierta influencia en los ámbitos judicial y político.
Esta denuncia es sumamente grave, ya que se descabezó –se ignora con qué intención– la formación de un grupo de investigación que podía continuar especializándose en la ubicación, identificación e incautación de bienes culturales, además de desmantelar a las organizaciones dedicadas a atentar contra el patrimonio cultural del país. Como tal, esta denuncia debe ser tomada en cuenta por las actuales autoridades del Gobierno, más aún cuando en estos momentos se encuentra en proceso la reorganización de la Policía Nacional.
El problema del comercio ilegal de piezas y objetos arqueológicos implica la existencia de todo un circuito con alcances internacionales, que comienza en muchas zonas distantes que no siempre se hallan oficialmente registradas como áreas protegidas. Estos espacios son frecuentados por buscadores informales que emprenden excavaciones sin ningún criterio científico, de tal forma que no sólo extraen piezas de manera ilegal, sino que dañan monumentos y restos. Al final, el Estado pierde parte de su patrimonio histórico y a la ciencia se le priva de huellas y evidencias para profundizar en nuestro pasado cultural.
Es preciso garantizar la riqueza arqueológica del país. Hay que terminar con cinco siglos de saqueo, destrucción y robos. De otro modo, la identidad nacional seguirá tan desperdigada como las miles de mal habidas piezas precolombinas que alimentan el ego de inescrupulosos coleccionistas.
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