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 MEF: Cambios a la Ley del Canon descentralizarán distribución de ingresos
 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso al Congreso, mediante el proyecto de ley Nº 1383, efectuar modificaciones a la Ley del Canon para garantizar la distribución de los ingresos a los municipios y gobiernos regionales.
El referido portafolio informó que se previó que el reglamento de la Ley del Canon se elabore antes del 6 de enero. Esta tarea corresponderá a una comisión multisectorial.
El MEF considera que este proyecto de ley no alterará la filosofía de la ley original, lo que permitirá que ésta sea operativa y pueda entrar en vigencia a inicios del próximo año.
Propone, además, restablecer el concepto de que las empresas están obligadas a cumplir con el pago de sus tributos y otras obligaciones, y que es el Estado el que asume el pago del canon en función de los ingresos y rentas obtenidos.
Como hay obligaciones adicionales a las tributarias que no son recaudadas por la Sunat, se incluyó la obligación del pago de canon por otras instituciones como Perú-Petro y el Instituto de Recursos Naturales (Inrena).
En el proyecto se busca adecuar el plazo para el pago de canon de acuerdo con la periodicidad de los tributos y obligaciones cobrados. Es decir, se asegura la recaudación para la repartición posterior.
En la ley se establece la densidad poblacional como único criterio para la distribución del canon entre municipios. Como muchas veces las zonas más deprimidas son de poca población, se sugirió la introducción de criterios que midan también la pobreza, mortalidad infantil y nivel de analfabetismo, entre otros.
En vista de que muchos proyectos de hidrocarburos no pudieron desarrollarse por la rigidez del alto pago de regalías, se propone la introducción de un criterio más flexible, a fin de permitir nuevas explotaciones que de otra forma no se realizarían.
El MEF asegura que esta modificación no afectará de ninguna manera a los proyectos que estén en ejecución en el sector hidrocarburos. Con esta medida se busca incrementar la recaudación y, por ende, el pago del canon.
Con la intención de no disminuir recursos a la investigación pesquera, los ingresos por derecho de pesca se excluyeron, y para evitar la reducción de los montos que hoy perciben los municipios por derechos de vigencia minera, se propuso no variar su actual nivel de asignación.
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