|
|
|
 Olivera, las llaves y la lógica
 El deporte de algunos de los sectores de la oposición es pedir, por quítame estas pajas, la renuncia de los ministros. Pero el caso que demuestra a qué niveles se puede llegar –en esta lucha contra el sentido común y la lógica– es el de las llaves de sus celdas que se encontraron en manos de Eduardo Calmell y Alberto Kouri.
Inmediatamente, como esos famosos reflejos condicionados de Pavlov, hay quien ha exigido la separación de su cargo del ministro Fernando Olivera.
Tratemos de entender la “lógica” que hay detrás de los que quieren censurar al líder del FIM. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) cumple su tarea de prevenir y vigilar, y sorprende con las manos en las llaves a Calmell y Kouri.
La institución ha ejercido la función para la que fue creada y ha obtenido resultados positivos: se requisaron las llaves que tenían indebidamente los reclusos. Sin embargo, en vez de reconocer al titular del sector, por esa acción que evitó males mayores, se pide que se le castigue.
Aplicando esa lógica habría que censurar al ministro de Interior, de quien depende la Policía, porque hay gente que comete delitos. No importaría qué hace la PNP para prevenir o castigar a los culpables. El hecho de que haya delincuentes sería razón suficiente para sancionarlo políticamente.
Partiendo de estas premisas, la conclusión de esta especie de extraño silogismo sería que el Inpe tendría que dejar de vigilar las prisiones y hacer pesquisas, porque si encuentra a delincuentes que han infringido el reglamento, el ministro de Justicia será censurado. Para evitar eso habría que pedir a los presos que se portaran bonito.
Es decir, a Olivera lo quieren hacer renunciar porque el Inpe hizo eficientemente su función. Por supuesto, que si el instituto no hubiera procedido de esta manera, también habría sido acusado el ministro.
Con actitudes como éstas son como se desvalorizan la política y la oposición parlamentaria. Todo parece reducirse a ver a qué ministro le toca en la semana sentarse en el banquillo de los acusados del Congreso; y ser amenazado con la censura.
Eso no es trabajo productivo ni fiscalización, sino muchas veces afán de protagonismo. Los diarios destacan a los jacobinos que piden que rueden cabezas. Y es allí donde empieza la competencia para ver quién es más estridente.
Algo similar ocurre con la tragedia de Mesa Redonda. Se afirma sin probar que había infidencia y casi de inmediato se señala al supuesto culpable: la Policía. Como ha dicho el ministro Rospigliosi, si es que la hubo, no hay que olvidar que esas operaciones y acciones la conocían no sólo la PNP, sino también el municipio, la fiscalía y hasta el Poder Judicial.
Hemos visto a funcionarios de segundo nivel de la Municipalidad de Lima denunciar –aprovechando la ausencia del alcalde al inicio del drama– que habrían encontrado documentos sobre los operativos en las galerías comerciales. Pero ellos automáticamente excluían al Concejo Provincial de las sospechas. ¿Acaso son ángeles?, ¿no existen funcionarios edilicios corruptos?
Otra vez la lógica se retorcía para satisfacer intereses particulares. Daban la sensación de querer curarse en salud, convirtiendo en chivo expiatorio al Ministerio del Interior. Pero eso fue el punto de partida para una búsqueda generalizada, sin investigar, de presuntos culpables. En la que resbaló hasta la fiscal de la Nación.
Sin embargo, si bien esto además de irresponsable parece no tener mucha lógica, lo que sí la tiene es ese viejo adagio que dice: explicación no pedida, acusación manifiesta. Es decir, con esa conducta tal vez lo que estamos reconociendo es que lo sucedido en el Centro de Lima es de responsabilidad compartida.
HUGO GARAVITO AMEZAGA
TITULARES 
|
|
