E D I T O R I A L

lunes, 21 enero 2002 

La pluralidad de El Peruano
El 17 de diciembre del año pasado el director del diario dirigió una carta a los cinco grupos parlamentarios, ofreciéndoles una columna semanal para que expresaran –con absoluta libertad– sus posiciones; y crear así un medio que no sólo sirviera para difundir sus planteamientos, sino también con el objetivo de generar un espacio de debate de los grandes problemas nacionales.
Esta es una decisión sin precedentes en la historia del periódico, fruto de la convicción y conducta democrática que caracterizan al Gobierno constitucional. Marca un hito en los casi 176 años de vida de El Peruano.
Por eso, nuestro diario se felicita que los partidos o grupos con representación parlamentaria hayan empezado a acoger esta propuesta. El primero en aceptar la invitación fue Unidad Nacional, quien ha remitido un análisis sobre la crisis argentina y el Perú, del congresista Rafael Valencia-Dongo Cárdenas, que se publica en esta edición, con lo cual se inicia la sección Tribuna Parlamentaria.
Sin que esto signifique que en las páginas informativas no se dé a conocer, a través de los diversos géneros periodísticos, las acciones del Poder Legislativo; y se recoja las opiniones de los distintos sectores políticos que integran ese poder del Estado.
De la misma forma, hemos invitado a periodistas y analistas políticos –de diversas orientaciones– a escribir en la página de opinión o tener una columna periódica. En este caso la respuesta también ha sido positiva, como lo prueban las páginas de El Peruano.
Pero también hemos cumplido la tarea de difundir las políticas y acciones del Poder Ejecutivo. Frente a esto hay sectores que en uso de su libertad de opinión han señalado reparos.
En ese sentido, entendemos como legítima la crítica a cualquier poder del Estado, pero sí nos preocupa –en la medida en que pudiera reflejar algo de intolerancia– una actitud que pretenda satanizar el hecho de que el Gobierno informe de sus acciones y lo que considera sus logros. Es el mismo derecho, por ejemplo, que le asiste al Parlamento Nacional a difundir todos los domingos La Gaceta, donde da a conocer la labor congresal.
El Estado tiene no sólo todo el derecho a poseer sus propios medios de difusión, sino el deber, para que así la opinión pública maneje distintos elementos de juicio. Esto es especialmente importante en procesos políticos complejos como los que vivimos, donde los ciudadanos deben ejercer un criterio ponderado y para ello necesitan pluralidad de enfoques. Pretender imponer una exclusividad del sector privado sobre la comunicación pública no es democrático ni equitativo.