I N F O R M E

lunes, 18 febrero 2002 

LAS MUNICIPALIDADES REALIZAN OPERACIONES PARA DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE, PERO NO TOCAN AL PRINCIPAL CONTAMINANTE


Algunos municipios de Lima que realizan operaciones contra la contaminación ambiental, intervienen mayormente autos particulares. Aunque el derecho les asiste, también es necesario que alguien piense en los propietarios de estos vehículos que no tienen asociación que los represente y los defienda.




Un solo carro y dos resultados

Rigoberto Palacios tiene una camioneta pickup, marca Mitsubichi, año 1996. El 6 de febrero lo detuvieron en la esquina de las avenidas Insurgentes y Venezuela. Según dijeron, su promedio se había excedido en los gases contaminantes. El límite era 2.60 y su camioneta tenía 2.80. No tuvo salida: 155 nuevos soles como multa.
Pero la camioneta fue adquirida recién el 9 de noviembre del año pasado y estaba seguro de cumplir con todas las normas.
Con la papeleta en la mano –pero dudando– se dirigió a la avenida Juan Pablo II, para que otra patrulla corrobore el supuesto problema. No lo quisieron atender (“hasta que abone la papeleta”) y tuvo que resignarse a cancelar la multa en una agencia bancaria.
La liebre saltó cuando, papeleta cancelada en mano, lo detuvieron nuevamente en el punto de la avenida Colonial. Allí pasó el examen entre palmas y vítores y ahora luce, orgulloso, el sticker que le dieron. ¿Y el dinero de la papeleta? Bien, gracias.

MULTAS Y GASES que asfixian
La lucha contra la contaminación está bien, pero lo que no es bueno es cuando se realiza aplicando la “Ley del Embudo”. Circular por la avenida Colonial, por ejemplo, es ver a esos enormes y viejos carros colectivos, conocidos como “lanchones”, y todo tipo de combis y similares, echando más humo que un incendio.
Si esto es malo, aún es peor pues ellos transitan a vista y paciencia de los efectivos que realizan los operativos de protección del medio ambiente de la Municipalidad de Bellavista. Las sanciones se terminan aplicando sólo a los indefensos automovilistas particulares, porque ellos no tienen posibilidad de bloquear calles o declararse en huelga.
Pero Bellavista es sólo una muestra de lo que sucede en otros municipios. Es la demostración de como una buena intención termina siendo, finalmente, un modo de exacción a los automovilistas en beneficio de los concejos. Una especie de cupo puesto a los dueños de autos.
Aquellos que transitan por la Colonial a primeras horas de la mañana, apurados por llegar a sus trabajos, tienen no sólo que verse obligados a perder tiempo; sino, además, comprobar cómo con métodos pocos seguros –que pueden dar resultados distintos con unas cuadras de distancia– se hacen acreedores a una multa (ver recuadro).
Con las prisas de la hora la gente no discute. El problema es que cuando recurren a la municipalidad, no existen respuestas posibles a sus quejas. ¿Hay acaso algún organismo técnico en el concejo al cual acudir? Por último, los quejosos se pierden en la maraña administrativa de la municipalidad.
La empleada encargada de tramitar la procedencia o no de las papeletas no tiene las cantidades exactas de reclamos, pero calcula “que son tres o cuatro al día”. “¿Y cuántos quejosos tienen la razón?”. “Todos”, sentencia. Ante nuestra turbación, nos aclara que ella sólo tramita los expedientes y quien decide es la doctora Mirian Lizaraso, secretaria general del municipio.
Los límites permisibles fueron establecidos el año 2000 por el Ministerio de Transportes. Pero el problema es si las máquinas ofrecen garantías y si después de dos años la norma ha sido útil para reducir los gases. La respuesta es clara y directa: no. En la avenida Colonial u otras vemos cómo los destartalados vehículos de transporte público sueltan de manera impune el contaminante. Es decir, para lo que ha servido la disposición es para que los municipios encuentren una forma más de obtener ingresos.

Gases que matan
Pero veamos un caso arquetípico, que se reproduce con variantes en otros concejos. Cada dos o tres meses se realizan las operaciones de la Dirección de Servicios Sociales y Protección Ambiental de la Municipalidad de Bellavista; cada uno puede durar de diez a quince días y se lleva a cabo en tres puntos simultáneos del distrito, que pueden ser la avenida Colonial, Faucett, Insurgentes o las zonas de José Gálvez y Juan Pablo II.
Todo vehículo que circule en su jurisdicción y contamine el ambiente, según la ordenanza municipal 012-99 del 20 de marzo de 1999, será multado teniendo en cuenta el tipo de vehículo y el año de su fabricación.
En cada punto de la operación hay una “patrulla” de seis a ocho personas, todas uniformadas de azul, egresadas de Senati y contratadas por la municipalidad (al parecer es personal de la empresa Servicios Eficaces S.A.). La Policía Nacional apoya con un par de elementos, un patrullero y, a veces, un motociclista.
“Pero no sólo son vehículos particulares –aclara Janisse León, coordinadora de la patrulla de la avenida Colonial–; también intervinimos empresas de transporte público de micros y combis, en su paradero principal, los dos primeros días de la operación.” Esto es en teoría correcto.
La operación se inicia con la intervención de la Policía, que detiene el vehículo y solicita los documentos al conductor. En la tarjeta de propiedad figura el año de fabricación. Luego, dependiendo del tipo del vehículo se procede a la revisión. Si es gasolinero se conecta el tubo de escape a un analizador de gases y, si es vehículo petrolero, la revisión se realiza con un aparato llamado “opacímetro”.
Tanto el analizador como el opacímetro detectan el monóxido (CO) y el hidrocarburo (HC), gases contaminantes producto de la mala combustión. En caso de que el vehículo exceda los límites permisibles impuestos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (publicados el 3 de octubre de 2000) se le entrega el boucher al conductor y se procede a la multa de rigor.
Si es auto particular, la infracción representa 5 por ciento de una UIT, es decir, 155 nuevos soles, la combi abona 310 y el microbús 620. Los tres casos tienen hasta siete días para abonar 50 por ciento de la infracción y 30 días para cancelar el resto.
Si el vehículo está en buen estado, le colocan un sticker en la tarjeta de propiedad, lo que le permitirá circular durante 30 días sin operativo que le moleste. “Pero si el conductor está en falta y necesita ayuda, puede acudir al Departamento de Servicios Sociales, en el que hay una persona especializada que les puede poner la previsión de un mes, suspendiendo la papeleta, hasta que se ponga en orden”, dice Janisse León.
“Además, si el conductor regresa con su mecánico el día de la intervención y regula su vehículo (en los carros gasolineros sólo se trata de carburación), se anula la papeleta”, afirma León.

Entre combis y “lanchas”
En cada uno de los puntos de la operación se interviene entre 400 y 500 autos, y se multan un promedio de 90. Mientras las intervenciones del transporte público bordean los 15 vehículos, “de ellos 13 o 14 están en malas condiciones. Igual sucede con las combis, prácticamente todas están multadas”.
Las llamadas “lanchas”, que son los colectivos que transitan por la avenida Colonial hasta el Parque Universitario, juegan su partido aparte. Según Janisse León, “el primer día de la operación fuimos a su paradero y todas pasaron por revisión. La mayoría, por no decir todas, está multada”.
Pero tienen un mes para arreglar el vehículo y transitan con sus humos al viento ante el disgusto de los particulares multados. Además, son asociaciones (Empresa de Automóviles de Servicios Públicos Corazón de Jesús Unidos y Asociación de Transportistas en Automóviles Santa Rosa), y como tales acuden al municipio para presentar sus reclamos en forma organizada.
El actuar corporativamente les da fuerza y la posibilidad de conseguir un trato especial. Siempre pende la amenaza de una medida de fuerza ante la cual saldría perdiendo la municipalidad. Lo cierto es que con operativos o sin ellos la Colonial sigue como antes en materia de medio ambiente. La lección es que si algo contamina más que los gases, es los abusos de los transportistas públicos.

TITO BARREDA