S O C I E D A D

lunes, 18 febrero 2002 

CARLOS BLANCAS: EN UNA DEMOCRACIA HAY QUE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA

Los temas referidos a seguridad nacional sí merecen reserva

Es necesario desterrar la cultura del secreto 
Las reformas a la Constitución Política del Perú deben incluir medidas precisas, para acabar con la cultura del secreto, sostuvo el jurista Carlos Blancas –asesor de la comisión parlamentaria que evalúa dichos cambios– en diálogo con El Peruano, y preciso que en una democracia es fundamental garantizar la transparencia.
¿Qué labor desarrollarán específicamente los asesores de la reforma constitucional?
–En realidad, nuestro trabajo será brindar opiniones y sugerencias sobre las iniciativas de reforma de la Constitución planteadas para preparar la nueva Carta Magna. Se formaron seis grupos que tratarán diversos aspectos y cada uno elaborará sus propuestas en esos temas. Básicamente, opinaremos acerca de las iniciativas que ya existen y ofreceremos aportes técnicos para llevar adelante esta tarea.
¿Qué porcentaje de la actual Constitución se modificará?
–Entiendo, por la resolución que aprobó el Congreso en relación con esta materia, que se trata de hacer una reforma total de la Constitución de 1993, a tal punto que se considerará el texto constitucional de 1979 para la elaboración de la nueva ley de leyes. La idea es tenerla como telón de fondo y referente obligatorio.
¿Significa que se retornará a los postulados de la Carta de 1979?
–Si se piensa que es necesario así será, pero también se descartará aquello que, por el paso del tiempo o el cambio de circunstancias, ya no es aconsejable. Lo que sí se determinó es que la actual Constitución será reformada en su totalidad.
Eso implicaría derogar prácticamente el documento de 1993, ¿el Congreso posee la atribución para llevar a cabo esa reforma?
–Creo que en criterio del Congreso ese vacío puede subsanarse, porque se prevé que la reforma sea sometida a un referéndum. La actual Carta establece que ese mecanismo prevalece sobre la reforma total o parcial de la Constitución. Por tanto, su aplicabilidad permitiría una modificación total.
¿Está de acuerdo con esa cláusula?
–Me parece que una reforma total de la Constitución debería hacerse mediante una Asamblea Constituyente y en un plazo breve. El hecho de que colabore con la reforma no significa mi renuncia a este punto de vista, pero respeto lo establecido por el Legislativo.
¿Cree que el tema de la descentralización debería someterse también al mecanismo de referéndum?
–Allí hay un caso particular, porque el Congreso convino, por razones de urgencia y porque existe la voluntad de convocar a elecciones regionales, una reforma puntual y parcial que debe ratificarse en la segunda legislatura de marzo. Pero todo el asunto de la descentralización en general sí figurará en el conjunto de cambios que se someterá a referéndum.
¿Qué sucedería si el régimen de la descentralización, que ya se aprobó en una legislatura, no alcanza los votos requeridos?
–Entonces el tema sí tendría que someterse a referéndum. En ese caso, las elecciones regionales correrían peligro.
¿La opinión de la ciudadanía es muy importante para la reforma?
–Por supuesto. Para lograr una Constitución estable y con vocación de permanencia ha de existir una participación ciudadana, pues así se garantizará que no sea un documento impuesto.
Sin duda, el asunto de la transparencia capta la mayor atención de la ciudadanía. ¿Cómo hacer para que en el nuevo texto constitucional la “cultura del secreto” sea desterrada?
–Los secretos de Estado siempre existieron y seguirán existiendo. El error está en convertir en secreto de Estado asuntos que no lo son. Los temas referidos a la seguridad nacional y que pondrían en peligro al Estado definitivamente sí merecen reserva, pero poner en secreto cuestiones como las planillas del PNUD, los sueldos de ministros o del Presidente y asesores es algo que no tiene sentido.
¿Las licitaciones y adquisiciones de armamentos deberían ser secretas?
–Puede que en determinado nivel requieran de cierta reserva y discreción, pero creo que todo lo que involucre la inversión de recursos del Estado tiene que ser transparente y la ciudadanía conocer las cifras. En ese tema considero que ha de existir una limitación muy estricta del concepto de secreto de Estado a materias que realmente impliquen aspectos muy relevantes para el orden público, pero debe existir también la posibilidad de levantar ese secreto a pedido de determinadas autoridades y en caso de sospecha.
¿El secreto debería estar establecido expresamente en la nueva Constitución?
–Considero que sí, hay que establecer en la Constitución el principio de la transparencia de la actividad pública y que las leyes que se dicten al respecto establezcan lo que debe merecer una mayor reserva. Ese asunto es primordial.
¿El texto constitucional implementaría algún mecanismo para evitar que en el Congreso se repitan situaciones de “transfuguismo”?
–Lo hecho por otros países en este tema fue sancionar con la pérdida de la curul al candidato que es elegido por un grupo y luego se cambia a otro. En esto hay posiciones contradictorias, porque en algunos casos se argumenta que se trata de personas que le deben su elección al partido y en otros que puede darse el caso de que sea el partido el que cambia de posición por determinado interés.
Esa medida, entonces, no sería muy acertada...
–En realidad, la cuestión es delicada, pero se trata de un sistema aplicado en algunas naciones. A mi juicio, cuando se compruebe que una persona comprometió su voto por una venta de conciencia, el tema debería castigarse con sanción penal y la inhabilitación perpetua de postular a cualquier cargo público.

MARIELLA SAUSA