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 Democracia y orden público
 Desórdenes generados durante las protestas de trabajadores agrícolas vuelven a poner en la mira de la ciudadanía el tema de la elevación de la sanción penal a quienes bloqueen las vías públicas o tomen parte en manifestaciones en que se practique la violencia.
El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, manifestó enfáticamente que si no se eleva la penalidad a quienes protagonizan disturbios violentos, después será imposible detenerlos. La razón es simple: de acuerdo con la legislación, nadie puede permanecer detenido si se le acusa de un delito que merezca cuatro años o menos. En cambio, si un arrestado es acusado por una infracción reprimida con una pena mayor, el juez puede ordenar la detención durante la fase procesal.
En consecuencia, si aquellos que dirigen acciones violentas y/o bloqueo de carreteras son apresados, sus abogados les es posible obtener en poco tiempo la libertad para que sigan actuando. Ante la opinión pública, hechos de esta naturaleza generan la imagen de impotencia gubernamental y, lo más grave, de identificación de la democracia, con el desorden y la falta de gobernabilidad.
De esto se deduce –con toda claridad– que será imposible arrestar a los responsables de acciones que afectan la vigencia del estado de derecho, si no se eleva la penalidad por encima de la barrera de los cuatro años.
Pese a la contundencia del argumento se plantean objeciones a la propuesta del ministro del Interior. De un lado, se considera “excesiva” la elevación de las sentencias, pero quienes objetan no parecen darse cuenta de que los agitadores, sin el incremento de las sanciones, no serán detenidos. Pero ésta no es la crítica de fondo.
Hay un cuestionamiento que va más allá de los asuntos inmediatos y de detalle: la de quienes consideran que la represión en una democracia no tiene sentido. Se argumenta que la vía de las sanciones penales jamás arregla las cosas y que es necesario ir a las causas de los problemas antes de preocuparse por los efectos.
La historia de la humanidad, por desgracia, nos muestra que en todo tipo de Estado existe lo que se denomina “poder coercitivo”, es decir, capacidad de imponer por la fuerza las decisiones gubernamentales.
La democracia se caracteriza por orientar la fuerza al servicio de la legalidad y por emplear la represión en los márgenes que el estado de derecho permite. Régimen democrático no es sinónimo de anarquía ni de carencia de autoridad. Quienes creen semejantes falacias están muy equivocados.
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