O P I N I O N

viernes, 8 marzo 2002 

La violencia social 
A veces nos autocomplacemos afirmando que somos un pueblo pacífico. Pero, al dar una mirada a la historia esto no parece muy cierto. Allí están las guerras civiles de comienzos de la República; el linchamiento de los hermanos Gutiérrez en 1872; la insurrección montonera de 1895; los métodos violentos de imposición del neocivilismo en la República Aristocrática; la violencia desembozada del leguiísmo; los levantamientos indígenas y la existencia del gamonalismo; y la historia conocida de 1930 a 1956, con sus fusilamientos, asesinatos políticos, conspiraciones y dictaduras represivas.
A lo cual podríamos añadir las guerrillas de 1965; lo sucedido el 5 de febrero de 1975; la aparición del terrorismo en el decenio de 1980 y sus secuelas; así como la utilización por parte de los partidos de búfalos, coyotes y guardias obreras. Es decir, hay una cultura de violencia social ligada a la política que ha aflorado con fuerza a la caída de la dictadura, mezclada con supuestas reivindicaciones sociales, y que ahora jaquea a la democracia.
La historia nos dice que nunca ha sido una violencia organizada que plantee disyuntivas, salvo fenómenos excepcionales como Sendero y el MRTA, ajenos en mucho a nuestra tradición. Quizá esto fue así como reflejo a su vez de la débil articulación nacional, y por la poca capacidad del Estado para imponer orden.
Pero también porque una de las características nacionales, además, es que generalmente no gustamos de llegar a los extremos y somos tolerantes con aquello que no nos toca. Por eso, hemos tenido una actitud permisiva frente a esta violencia ocasional hecha costumbre política. Y sólo reaccionamos, por instinto natural de supervivencia, si nos sentimos directamente amenazados.
Algunas veces, trascendentes movimientos de opinión han discurrido por estos cauces: la defensa del triunfo de Manuel Pardo ante el militarismo avasallador en 1872; la coalición nacional frente a Cáceres en 1895; o la Marcha de los Cuatro Suyos en 2000 que, a diferencia de las anteriores, fue pacífica, la violencia vino del sistema autoritario, que buscaba perpetuarse.
Los partidos y políticos que han tenido una larga trayectoria el siglo pasado, se han hecho y participado de esta cultura de violencia social. Por eso, muchas veces sienten connatural con la vida pública esas expresiones vandálicas o consideran legítimo aprovecharlas, cuando no impulsarlas, para tratar de ganar espacio político.
Por eso su resistencia a que se frene el vandalismo que se ha desbordado, al romperse el dique de la mano dura del sistema dictatorial. En los garrotes amenazantes, en la destrucción de la propiedad, en los bloqueos de las calles y en las danzas guerreras en torno al fuego de las llantas sienten revivir viejas añoranzas de actos similares en que participaron y cuya legitimidad política, en el fondo, aceptan.
Las penas leves y poco efectivas del Código Penal lo que trasuntan es que no se considera falta grave, algo que tiene relación directa con la posibilidad de una convivencia civilizada: mantener y proteger el orden público.
Esa es la razón más profunda de la oposición a la ley propuesta por el Ejecutivo para tratar de revertir esta situación. Tenemos que acabar con esa forma de hacer política y la única manera es castigando con severidad a quien incurra en ella. Así hay que empezar a educar, y los políticos comenzar a asumir su responsabilidad social. Se debe entender que el sistema democrático es incompatible con barricadas insurreccionales.
Por eso, es lamentable que no se haya puesto un mínimo de cuatro años, lo que significa prisión efectiva, en el dictamen de ayer de la Comisión de Justicia, y se haya dejado la decisión a algunos jueces que amparan, en demasiados casos, el desorden urbano al proteger las combis de Huarochirí; o no cautelan la sociedad al levantar las clausuras municipales de antros.
Jueces como aquellos que soltaban terroristas y que ahora, difícilmente, se van a arriesgar a que una turba de desaptados les tome su juzgado, exigiendo la puesta en libertad de los detenidos. Todavía el pleno del Congreso puede realizar una rectificación histórica.