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Penas benignas
 El asesor presidencial y ex decano del Colegio de Abogados de Lima doctor Martín Belaúnde manifestó que las penas benignas impuestas a los procesados por delitos ligados con la corrupción se están convirtiendo en una verdadera traba en la lucha contra ella, cuyo objetivo es sancionar a una mafia enquistada en el poder a lo largo de una década.
Para el doctor Belaúnde, el problema principal no está en la ausencia de una legislación que sancione severamente los delitos de corrupción, lo preocupante es la actitud de numerosos jueces y magistrados que aplican la posibilidad menos dura a la hora de sentenciar y disponen con mucha facilidad la excarcelación de los inculpados.
Nos encontramos, entonces, con una cuestión de fondo: la tendencia a considerar que la modernización del Derecho implica la reducción de las penas, para evitar la “sobrepenalización”. Según esta concepción, se entiende que la finalidad de la pena no es castigar sino readaptar al sujeto que comete delitos.
En consecuencia, las condiciones carcelarias deben ser humanizadas, a fin de que el convicto encuentre un clima adecuado para su futura reinserción en la sociedad, y así se convierta en una persona respetuosa de la ley. Esto se complementa con la eliminación de penas incompatibles con la finalidad de readaptación, como la pena de muerte y la cadena perpetua.
La primera, porque resulta evidente que no es posible lograr un progreso humano si el sujeto ya murió y, la segunda, porque si el sentenciado no va a salir de la reclusión, entonces se parte de que jamás dejará de ser un peligro para la sociedad. Un razonamiento similar se aplica a las penas muy largas, como aquellas que suelen aplicarse en países anglosajones: 75, 104 o 170 años.
Es lamentable, pero la realidad nos muestra que la delincuencia no sólo es producto de condiciones sociales deplorables, sino también de la libre opción de algunos individuos por el mal. Por eso, no obstante el progreso de los tres últimos siglos, aún existe la necesidad del castigo. Esto se ve con mayor crudeza en un país como el nuestro, donde es necesario proteger a la gran mayoría respetuosa de la ley de una minoría inescrupulosa y cruel que en muchas ocasiones aprovecha la benignidad de las normas o la tendencia de ciertas autoridades a sancionar del modo más leve posible.
Delitos como la corrupción practicada a la sombra del poder, el terrorismo, el narcotráfico, la compra de sicarios o la violación son transgresiones que merecen drásticas sanciones, y de parte de los jueces, una actitud que los conduzca a pensar primero en el ciudadano que cumple la ley y que merece ser protegido.
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