|

|
|
Radio y tv: con arte para complicar
EL día de ayer analizábamos los problemas graves de concepción que contiene y el riesgo que encierra para la libertad de expresión y de empresa el proyecto de ley de radio y televisión, dictaminado por la Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Consecuencia de un criterio marcadamente controlista y, en algunos casos, moralista sobre la función que cumplen estos medios.
Pero veamos hoy otra expresión de este espíritu intervencionista: la creación del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conarte), constituido por un grupo de notables que puede desde proponer el inicio de acciones de oficio por presunción de infracciones, o emitir opinión previa a las resoluciones de sanción, hasta interferir en la programación de los canales recibiendo opiniones, quejas y propuestas del público para canalizarlas a quien corresponda con su respectivo pronunciamiento.
Se ha deformado completamente la propuesta original del Ejecutivo en la cual había un consejo consultivo que sólo se limitaba como indicaba su nombre a preparar las bases del concurso público para otorgar las frecuencias; establecer y organizar un sistema anual de premios a quienes contribuyan con su trabajo en la radiodifusión al desarrollo educativo y cultural; y a investigar y preparar proyectos.
El extremo al que se llega se refleja en la tercera disposición complementaria, donde se obliga al Ministerio de Educación a preparar, en coordinación con el Conarte, en el plazo máximo de 90 días, una propuesta legislativa sobre televisión pública. Es decir, se le otorga al consejo la facultad de intervenir para modificar por ley la estructura y funcionamiento del Instituto de Radio y Televisión del Perú. ¿Por qué no podría pasar a depender canal 7 de Conarte?
Pero hay más. El Conarte del proyecto aprobado, en el artículo 72, establece que el presidente del organismo es remunerado. Asimismo, señala las fuentes de financiamiento del consejo. Esto es, estamos frente a un nuevo organismo burocrático que requerirá de secretarias, conserjes, auxiliares administrativos, carros con chofer, entre otros con vocación de inquisidor y de permanencia. Es decir, competirá y duplicará funciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El proyecto pasa así de una ley de radio y televisión a incursionar en terrenos de la reforma del Estado, mediante parches, dejando de lado la propuesta integral que en torno a la materia ha anunciado el Ejecutivo y sobre la cual se está buscando consenso.
Las telecomunicaciones son materia compleja y la ley actual es suma de la experiencia de muchos años. Por eso, su nombre es Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. En consecuencia, el Gobierno, al mandar su proyecto para discusión como han hecho quienes lo precedieron, optó prudentemente por la vía de modificar y ampliar la actual norma, en los aspectos que lo sucedido en los últimos años y el desarrollo tecnológico indicaban que era necesario. En ese sentido, se rediseñaron responsabilidades de algunas dependencias administrativas y se reforzaron determinados mecanismos procesales.
Sin embargo, la comisión dejó de lado la propuesta del Ejecutivo y se embarcó en redactar una nueva ley, metiéndose en los problemas que venimos comentando desde ayer. Incluso se abandonó un término más global y preciso como telecomunicaciones para sustituirlo por radio y televisión.
Quizá, como dato anecdótico, habría que dejar que el proyecto aprobado tiene 159 artículos, 5 disposiciones complementarias, dos disposiciones finales y tres disposiciones derogatorias. Frente a los dos artículos, cinco disposiciones complementarias, una disposición final y una disposición derogatoria del presentado por el Gobierno.
Para salir del enredo en que estamos, y evitar que se incurra en un serio retroceso en materia de telecomunicaciones que pagaríamos todos, ¿no sería bueno que el Congreso volviera los ojos al proyecto remitido por el Ejecutivo, fruto del conocimiento y la experiencia, y en todo caso lo perfeccione?

TITULARES 
|
|