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No hay deuda que no se pague
 El Congreso debatió ayer la acusación a los ex congresistas tránsfugas comprados por el montesinismo, así como al parlamentario José Luna Gálvez, por su responsabilidad en una de las etapas más negras de nuestra historia parlamentaria. Se postergó la acusación contra Martha Chávez porque presentó un oportuno certificado médico.
Las mayorías en el Congreso se formaron durante buena parte de la República por la violencia. El sistema de calificaciones y la renovación por tercios, establecido por la Constitución de 1860 y vigente hasta 1920, permitió todo tipo de atropellos, basados además en un poco confiable y representativo sistema electoral sustentado en el voto público. A la violencia que ejercían los dictadores contra la representación nacional se le dio cauce constitucional.
El Parlamento era el verdadero elector al calificar las credenciales de quienes debían incorporarse a las cámaras. El que controlaba, por el método que sea, la mayoría decidía de manera inapelable quiénes eran los nuevos diputados y senadores. Por eso, los gobiernos buscaban imponer –al renovarse parcialmente el Congreso– que el tercio que ingresase fuese oficialista a como diera lugar.
En ese sentido, un buen ejemplo es la intervención de Augusto B. Leguía en su primer mandato (1908-1912), para asegurarse el control de las cámaras. Este sistema no sólo generó imposición por la fuerza, sino que terminó desacreditando el sistema parlamentario.
La violencia siguió usándose con las dictaduras que pretendieron tener una formalidad constitucional; las otras simplemente prescindieron del Congreso. Sin embargo, jamás se había usado el dinero para comprar una mayoría, porque los parlamentarios de oposición siempre fueron hombres de convicciones. Para doblegarlos hubo que deportarlos, como se hizo con los apristas en 1932, o más sencillamente que la minoría oficialista se apoderase de la sede del Parlamento –excluyendo a la mayoría– para imponer un presidente anticonstitucional, como sucedió en 1913. Lo que Manuel González Prada describió como estar “bajo el oprobio”.
El fujimontesinismo innovó esta tendencia tradicional de los gobiernos autoritarios con los congresos. Para ello pervirtió los valores congresales recurriendo a su instrumento favorito: la corrupción. El Parlamento, pese a todos sus problemas, se dignificó en el pasado con personajes como Héctor Cornejo Chávez, Roberto Ramírez del Villar, Luis Alberto Sánchez, Víctor Andrés Belaunde, Andrés Townsend Ezcurra y tantos otros.
Pero los principios de servicio que representaron fueron sustituidos en el fujimorato por el arribismo de quienes vieron la función congresal como una oportunidad de trabajo bien remunerado, solución a problemas personales, lucrativos negocios y lucimiento social.
La pasada dictadura, obligada a tener Parlamento, necesitaba de fieles peones de los designios de Montesinos, cuya lealtad y dependencia estuvieran aseguradas porque sin el régimen no serían nada, ya que estaban condenados a desaparecer víctimas de su propia medianía o a perderse en negocios aldeanos. Ellos bloquearían cualquier fiscalización, torcerían las leyes y, sobre todo, garantizarían la permanencia en el poder.
Así surgieron los Gilberto Siura, Luz Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, Daniel Espichán, Martha Chávez, Óscar Medelius, Víctor Joy Way y otros. La mafia les dio la fuerza y prestancia de la cual naturalmente carecían. Eso generó incondicionalidad y beligerancia por necesidad de supervivencia.
Los tránsfugas, subproducto de la política chicha y achorada, estaban hechos de la misma calaña. Así le fue posible a Montesinos fabricar una mayoría espuria al servicio de la dictadura, sólo con el dulce sonar de los dólares.
Por eso lo que ocurrió anoche en el Congreso es una reparación histórica de la dignidad del Parlamento, asiento de la representación nacional.
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