E C O N O M I A

martes, 9 abril 2002 

Privatización consolida proceso democrático 
La labor del Estado debe centrarse en atender las necesidades prioritarias de la población y dejar que el sector privado participe activamente en lo que mejor sabe hacer: administrar y generar rentabilidad.
Es por ello que las privatizaciones también significan la consolidación del proceso democrático, fundamentalmente la ejecución de obras que signifiquen la capitalización para el país.
Así lo sostuvo el presidente de directorio de la empresa distribuidora Petro Oil, Richard Amiel, quien agregó que el Gobierno debe establecer un programa de desarrollo privatizador que le permita sanear la economía peruana.
“Tanto Egasa como Egesur han sido evaluadas profunda y detalladamente, por ello ha llegado el momento de afinar sus procesos de privatización. De esto depende la reactivación económica y el desarrollo de grandes problemas sociales que actualmente aquejan al país”, precisó.
El ejecutivo admitió que existe un temor fundamentado hacia las privatizaciones. Dijo que durante la década de los noventa estos procesos tuvieron un papel preponderante en lo que es el equipamiento y modernización del país.
Por ello –aseveró– es necesario que el gobierno del presidente Alejandro Toledo inicie un proceso de docencia, en el que los voceros más calificados del mismo expliquen al país de manera exhaustiva cuál será el destino de los recursos que se obtengan de las privatizaciones.
Si bien es cierto el presupuesto para el presente año se encuentra equilibrado y orientado hacia el desarrollo, el presidente de directorio de Petro Oil afirmó que es necesario culminar aquellos procesos que se iniciaron en diversos sectores productivos y que por diversas causas quedaron suspendidos.
“La rentabilidad de Egasa y Egesur, que son los procesos más cercanos y que han generado una gran controversia, definitivamente debe orientarse hacia el sector privado”, explicó.
Amiel recalcó que el Estado es el ente que planifica, fomenta y construye la infraestructura en el país, y que el capital privado nacional o extranjero es el que adquiere el riesgo financiero respectivo que precisamente el Estado no puede asumir.