O P I N I O N

martes, 16 abril 2002 

¿Canales de la mancha? 
EXISTE toda una campaña psicosocial en relación con el caso de los canales y de un diario que fueron comprados por Montesinos. A través de ella los intereses de la corrupción, usando su control sobre los principales medios electrónicos y algunos periódicos, pretenden doblegar la independencia del Poder Judicial, para asegurarse la impunidad y seguir manteniendo su presencia en los canales.
Por eso no hay que permitir que desvíen deliberadamente la atención de esto, que es lo realmente central en el debate actual. Como lo hacen mediante encuestas amañadas, convertidas en propaganda televisiva, donde pretenden sembrar la falsa idea de lo que está en cuestión es la libertad de expresión amenazada por el Gobierno.
El operativo empieza por tratar de suavizar los delitos. Ahora se habla de los canales de la “mancha”, en el mismo sentido de quienes tratan de diluir las responsabilidades delictivas de un ex alcalde convirtiéndolo en “pecado”. El 4 y el 5 no son canales de la mancha sino de la mafia, que no es lo mismo.
Hay que tener en cuenta que ha cambiado el paradigma sobre el papel que representan los medios de comunicación en la sociedad, ya no son exclusivamente instrumentos que distribuyen mensajes dentro del marco social, sino auténticos intermediarios que invaden –autónoma y conscientemente– este marco con un entorno simbólico compuesto de un flujo continuo de imágenes, ideas e información; y hasta, a veces, con una agenda política propia como es el caso del Perú.
Por eso, el verdadero problema no es si se interviene los canales o se les priva de la concesión –eso lo tiene que decidir la justicia–, sino la necesidad de proteger la autonomía del Poder Judicial, hoy acosado por un poder mediático coludido con la corrupción. De conseguir sus objetivos, el propio sistema democrático se verá amenazado.
En consecuencia, no está en juego la libertad de expresión, como quieren hacernos creer los canales, sino la independencia de los jueces a quienes desean manipular con su influencia e imponerle la conducta que deben seguir. En esto no hacen sino aplicar el modelo de Montesinos.
La ciudadanía debe tener muy claro que quienes están presionando a los jueces son ellos, no el Gobierno. Los que se encuentran preocupados son los medios de la mafia, no el presidente Toledo como pretenden que creamos.
Pero no sólo tratan de arrinconar a los magistrados, sino que también quieren hacerlo con el Gobierno. Para obligarlo a usar presión política sobre la administración de justicia. De esta manera, además de conseguir sus fines, le quitarían legitimidad al régimen democrático dejándolo a su merced y expuesto a cualquier aventurerismo.
A esto unen una intencionada campaña de desinformación. Por ejemplo, a raíz de los hechos de Venezuela han difundido –y así lo han reiterado hasta la saciedad– que el golpe contra Chávez fue porque se metió con los medios de comunicación.
Por eso, resultaría demasiado grave para nuestra democracia y débil institucionalidad –especialmente la judicial, que sale de un devastador proceso de corrupción– si los magistrados fuesen amedrentados o el Gobierno cediera. Retrocederíamos a épocas que creíamos ya superadas y la agenda política la terminarían poniendo los medios electrónicos mafiosos.
Ésta es la real y verdadera amenaza que pende sobre la sociedad peruana, si se impide que los jueces cumplan con autonomía su trabajo, sea cual fuere el resultado.