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Emergencia y democracia
Luego de que el Gobierno decretara el estado de emergencia en Arequipa hubo voces que clamaron dictadura y otras que reclamaron la plena vigencia del estado de derecho. Dado que en nuestro país existe mucha confusión en torno a este tipo de temas es importante tratar de precisar los conceptos.
En primer lugar, resulta necesario que quede aclarado un asunto central: recurrir al estado de emergencia no implica dejar de lado el estado de derecho; muy por el contrario, se trata de un recurso al que el Poder Ejecutivo puede acudir según lo establece la Constitución actualmente vigente.
La Carta de 1979 establecía un texto casi idéntico acerca de este tema; la de 1933 señalaba la suspensión de garantías, régimen que fue perfeccionado en 1979. Naturalmente es posible criticar la decisión del Presidente, pero es falso argumentar que se trata de un método antidemocrático. Existen constituciones con regímenes de excepción aun más severos; por ejemplo, podemos citar lo dispuesto en la Constitución de la Quinta República.
Como hemos señalado anteriormente, democracia no es sinónimo de caos o anarquía sino de respeto al orden legal de gobernantes y gobernados. Hablar de vigencia de este sistema durante el fujimorato era más que cuestionable, debido a que el Ejecutivo y el Congreso violaban la Constitución que ellos propusieron y aprobaron.
No es posible argumentar que hoy se gobierna con arbitrariedad. El régimen actual respeta la autonomía de los poderes y el imperio del derecho; el problema es que existen fuerzas que actúan con un propósito: debilitar y acorralar a las autoridades para impedirles gobernar.
Ultraizquierdistas que juegan al sóviet y fujimoristas que desean mantener la vigencia de las concepciones autoritarias. A esta extraña alianza se suman medios de comunicación impulsados por la irresponsabilidad. Desde agosto de 2001 empezaron las protestas, algunas sin un reclamo coherente, y aparecieron las denuncias periodísticas.
El pueblo eligió un gobierno para que rija sus destinos y éste tiene la obligación de gobernar. La experiencia histórica muestra que el exceso de blandura desestabiliza y favorece a los enemigos de la democracia. Es lamentable que se haya llegado a esto, pero no es posible aceptar el bloqueo de carreteras, la destrucción, las barricadas y las agresiones.
Dejar Arequipa a merced de los vándalos hubiera generado no sólo mayores daños y más pérdidas de vidas, sino que además conduciría a nuevos intentos anárquicos en otras ciudades. Si democracia implica gobierno de la ley, este sistema no es compatible con la complaciente tolerancia hacia los intentos de crear la anarquía.

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