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El dilema del gas boliviano
Contra las informaciones dudosas y las especulaciones interesadas sobre el tema del gas boliviano, las recientes declaraciones del canciller Allan Wagner Tizón ratifican que el Perú continúa en carrera para lograr que dicho recurso salga por el territorio peruano hacia los mercados internacionales.
Como es de conocimiento público, en el hermano país de Bolivia se está produciendo desde hace algunos meses un amplio y a veces apasionado debate sobre la ruta que deberá seguir el mencionado recurso energético en su camino hacia la comercialización. La trascendencia de esta decisión (de importantes implicancias económicas, comerciales y políticas) obligó a la clase política de este país a esperar que sea el nuevo gobierno aquel que tendrá la responsabilidad histórica de escoger entre dos opciones: la salida o por Chile o por el Perú.
Pese a las versiones que indicaban lo contrario, la administración del presidente saliente Jorge Quiroga ha tenido que entregar esa responsabilidad al nuevo mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, quien, tras instalar a su equipo en el aparato de gobierno, ya trabaja en la evaluación de las dos posibilidades que se le presentan a su país.
Así como ocurre con la ATPA, la próxima decisión boliviana abre una nueva oportunidad para el Perú, pues de pasar el gasoducto por suelo peruano, ello tendrá un efecto dinamizador en la economía regional del sur, al mismo tiempo que jugaría como un poderoso instrumento de integración: el proyecto boliviano supone una inversión total de 5 mil millones de dólares, de los cuales la mitad se quedará en el país donde se instalen las plantas de licuefacción y transporte del gas; de otro lado, junto al gasoducto correrá una carretera paralela, uniendo los diversos poblados hasta llegar al puerto de Ilo, de donde se embarcaría el gas hacia Estados Unidos, principal comprador del producto.
Pero el Perú enfrenta no sólo ciertas campañas de desinformación que apuntaban a demostrar la presunta inviabilidad financiera y tecnológica de la opción peruana felizmente desvirtuadas, sino también el desafío de preparar una propuesta lo suficientemente atractiva y consistente para Bolivia, que está en su derecho de decidir soberanamente sobre aquello que más favorezca a los intereses de su pueblo.
En cuanto a lo primero, es sabido que determinados lobbies han hecho circular noticias que atribuían a determinados líderes de opinión bolivianos el haberse pronunciado en contra de una salida peruana del gas. Recientes acontecimientos en el país hermano muestran qué tan sesgados y tendenciosos han sido estos reportes, sobre todo cuando aún no se dispone del total de elementos de juicio para manifestarse a favor de una u otra opción.
Respecto a la propuesta del Perú, esta supone un trabajo en equipo por parte de la Cancillería y el sector Energía y Minas, los cuales están replanteando la estrategia peruana merced a la inclusión de nuevos elementos que la harían más atractiva frente a la que inicialmente se hizo llegar a las autoridades bolivianas durante la gestión de Jorge Quiroga. El canciller Allan Wagner indica que se deberá nivelar la dimensión técnica de nuestra propuesta para luego entrar en diálogo sobre los aspectos económicos y políticos del proyecto, puesto que la filosofía en la que se enmarca la posición peruana se sustenta en una perspectiva de desarrollo e integración con Bolivia.
Uno de los escollos que es preciso superar y esclarecer es aquel referido a un informe que indicaba que sacar el gas por el Perú era 760 millones de dólares, más caro que hacerlo por el puerto chileno de Mejillones. De acuerdo con cifras preliminares peruanas, tal cálculo deriva de erróneas estimaciones de la longitud que tendrá el gasoducto y del ancho de sus tuberías. Nuestros técnicos y expertos están revisando estos datos, de tal forma que al innegable menor costo que implica el transporte del gas desde Ilo a Estados Unidos se añadan otras ventajas que puedan favorecer al Perú en este dilema boliviano.
En cuanto al temperamento con que se procesa políticamente esta decisión en Bolivia, el Perú es completamente respetuoso de los términos en que los ciudadanos y políticos de este país debaten el asunto. Entendemos que han aparecido argumentos de carácter histórico, relacionados con conflictos limítrofes del pasado, enarbolados por algunos sectores políticos y sociales del país altiplánico. Esto revelaría que el tema tiene aristas más complejas que el puramente económico o técnico.
Todo sugiere, pues, que no está dicha la última palabra sobre el gas boliviano. Si en un momento se quiso hacer creer que el Perú no era una opción real para este proyecto, lo cierto es que las cosas no eran como lo quisieron pintar nuestros eventuales competidores. Es verdad que el mundo no se termina para quien no logre llevar el gas por sus territorios, pero ello no impide que nuestro país continúe esforzándose diplomática, técnica y económicamente para ganar esta oportunidad, pese a que el gas de Camisea está también a la espera de salir a la superficie.
Fernando Bravo Alarcón
Sociólogo

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