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Gobierno. Promulgó ley que permite suscribir convenios con empresas para que financien o ejecuten obras
Inversión pública regional y local será con participación privada
- Proyectos deben ser coherentes con políticas
y planes de desarrollo
- Se da prioridad a proyectos de inversión
en zonas de emergencia
El presidente de la República, Alan García Pérez, promulgó anoche la ley que impulsa la inversión pública en infraestructura de impacto regional y local con participación del sector privado.
De acuerdo con esta ley, la participación privada mediante financiación o ejecución se dará a través de la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales.
La secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó a través de una nota de prensa que los proyectos deberán de ser de infraestructura y coherentes con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local, así como tener declaración de viabilidad.
Proinversión
La norma establece que los gobiernos regionales y locales que se acojan a la ley deberán remitir a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) una lista priorizada con los proyectos a financiar y ejecutar.
Dicha entidad deberá publicarla en su portal web la mencionada lista.
Para ser seleccionada, la empresa privada deberá cumplir una serie de requisitos que serán establecidos en el reglamento de la ley.
No obstante, se considera la posibilidad de que el proceso de selección pueda ser encargado en su integridad a Proinversión.
La norma define además el Certificado Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público (CIPRL) como un documento no negociable que emitirá la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para la cancelación del monto que invierta la empresa privada en el proyecto.
Respecto de los CIPRL, la ley precisa que serán financiados con cargo a los recursos provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones que perciba el gobierno regional y/o local respectivo.
La ley promulgada regula además la emisión y financiación de dichos certificados.
Verificarán capitales
La disposición indica que la obra deberá ser supervisada por una empresa privada que contrate el gobierno regional y local; y que al término del proyecto una sociedad auditora designada por la Contraloría General de la República verificará el monto invertido.
En virtud de este dispositivo, el Ministerio de Economía deducirá un porcentaje, a determinar en el reglamento de la ley, de los recursos del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones a favor de los gobiernos regionales y/o locales que suscriban el convenio.
Por último, la ley indica que los gobiernos regionales y/o locales deberán dar prioridad a los proyectos de inversión que tengan en las zonas declaradas de emergencia.
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Jefatura de Informaciones
