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Martes, 27/9/05
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Flor de tajo abierto La evidencia de un importante crecimiento de las exportaciones mineras hace necesarias mayores preocupaciones por el cuidado y la “remediación” ambiental. En este camino están las conclusiones y recomendaciones del Estudio de Evaluación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de las empresas mineras de la región central del Perú, que recopila el libro Flor de tajo abierto, publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República, el cual será presentado el viernes 30 en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Parlamento.
El estudio ha comprobado que las mayores responsabilidades de “remediación” ambiental se quedaron en manos de lo que fue la empresa estatal Centromin, las cuales fueron incumplidas por la falta de previsión y programación de fondos ambientales. Es decir, es el propio Estado el principal incumplidor de los PAMA; esta dejadez está complicando aún más la salud de pobladores de las ciudades de Cerro de Pasco y de La Oroya, principalmente, con el exceso de plomo en la sangre de los niños.
Por otro lado, los compromisos de inversión posprivatización de Volcan y Doe Run han sido incumplidos. Por ejemplo, en Cerro de Pasco, de un compromiso de inversión de 70 millones de dólares, se invirtió sólo 41.5 millones de dólares, el resto es reinversión en otras unidades mineras; lo peor es que fue auditado y declarado como cumplido por los actuales funcionarios de Centromin Perú. Mientras tanto, se sigue con tecnología de alto riesgo de contaminación en la producción minera de Cerro de Pasco.
Lo más saltante del incumplimiento de las empresas mineras privadas en relación con el ambiente es la amenaza de prorrogar de 2007 a 2011 el plazo de la construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico por parte de la firma norteamericana de Doe Run; esto también prorrogaría una solución definitiva a la contaminación del aire de la ciudad de La Oroya, complicando aún más el estado de salud de su gente.
Así también, se determinó que el ideal cumplimiento de los PAMA de las empresas privadas es insuficiente, porque en su momento se aprobó sin la participación ciudadana y con ausencia de proyectos que ataquen el corazón de la contaminación. Por ello es fundamental analizar el tema ambiental en zonas mineras en una etapa post-PAMA, con la concurrencia del Gobierno Central, regional, municipalidades, responsabilidad social de las propias empresas mineras y de la ciudadanía en pleno.
Entre todo esto, es fundamental la declaratoria de emergencia ambiental de las ciudades de Cerro de Pasco y La Oroya, la ampliación del plazo de emergencia ambiental del lago Chinchaycocha y de la cuenca del Mantaro, lo que ya aprobó el Congreso de la República; en este marco es fundamental destinar 35 millones de dólares en el presupuesto público de 2006, para que el Estado y este Gobierno cumplan con su obligación del tratamiento y cierre del depósito de relaves y desmontes de Qiulacocha (Cerro de Pasco), con la planta de tratamiento de aguas ácidas del túnel Kingsmill (Yauli-La Oroya) y con la recuperación de la laguna Huascacocha (distrito de Morococha).
Eduardo Carhuaricra Meza
Congresista de la República (UPD)
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