editorial

Democracia, justicia y derecho
Propugnar la impunidad para cabecillas subversivos constituye un despropósito moral y político, así como un imposible jurídico.

Entre las falacias utilizadas por la dictadura de la década pasada destaca aquella que se empeñó en mostrar que la democracia y el respeto hacia los derechos humanos conducían a la abdicación frente a la subversión. Dicha falacia podía exhibir como fundamento de sus afirmaciones las actitudes de los jueces amedrentados y pusilánimes que imponían penas muy leves o declaraban libres “por falta de pruebas” a numerosos terroristas.
A partir de estos hechos, los propugnadores del fujimorato vendieron la idea de que la democracia es incapaz de responder a una agresión implacable; por tanto, si deseábamos triunfar sobre la subversión debíamos de arrojar al tacho el estado de derecho. La historia ha consignado, sin embargo, que hubo democracias capaces de afrontar y derrotar feroces arremetidas subversivas.
Es natural que se presenten problemas, el Estados Unidos de hoy constituye un ejemplo de ello. Las complicaciones de las democracias aparecen porque, entre otras cosas, los terroristas buscan que el estado de derecho renuncie a su esencia para hacerle perder la superioridad moral. Por ello, en el Perú actual los subversivos tratan de llevar la lucha al terreno judicial, intentando aprovechar resquicios y formalismos para que los culpables de crímenes de lesa humanidad obtengan la impunidad.


Dado que en la democracia se respetan los derechos de todos, hasta de los grandes criminales, el Tribunal Constitucional estableció que debería juzgarse de nuevo mediante procedimientos con garantías procesales a los responsables de horrendos delitos como dirigir grupos terroristas, que, según la CVR, fueron los mayores responsables del baño de sangre que vivió el Perú durante casi dos decenios.


Proteger los derechos de los delincuentes en un proceso penal implica que contarán con defensa, plazos razonables, presunción de inocencia y una condena fundamentada. Pero esto de ningún modo significa que los responsables de graves delitos, que en algunos casos constituyen crímenes de lesa humanidad, quedarán impunes; más aún si la democracia es en su esencia defensora de los derechos humanos, los que los violentaron de modo tan grave no pueden burlarse de la justicia. Por lo expuesto es inaceptable propugnar la impunidad para quienes al reconocer en público su papel como cabecillas de aquellos grupos que desangraron al país son culpables de crímenes de lesa humanidad. La democracia ha de mostrar con claridad que jamás puede ser vista como sinónimo de actitud pusilánime ante la violencia política o social.