Aporte voluntario
FinanciarÁ el desarrollo social.

Es producto del diálogo, del respeto a la seguridad jurídica y de la confianza recíproca que debe haber entre Gobierno y gobernados de un Estado democrático, constitucional y social de derecho. En efecto, tanto los compromisos adquiridos como las violaciones de derechos humanos por los gobiernos tienen que ser asumidos por el Estado, es decir, por todos los peruanos. De ahí que el derecho otorga, sin duda alguna, seguridad y no soporta algunas, y de haberlas, éstas tienen que ser llenadas.

   En este contexto, el gobierno del presidente García llegó a un acuerdo con 43 empresas del sector minero para que realicen un aporte voluntario de 2,500 millones de nuevos soles  durante los próximos cinco años, es decir, 500 millones de nuevos soles cada año. Con él se crea el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Para 2007, el monto señalado estará destinado a la inversión social, a la lucha contra la desnutrición infantil, el mejoramiento de la educación y la salud, y también para el desarrollo de obras de infraestructura en las regiones.

La orientación para llegar a este acuerdo positivo y más conveniente para el país lo dirigió el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, quien subrayó que “el Perú ha salido ganando con esta iniciativa” frente al desconocimiento de los compromisos de promoción de inversión que hiciera el gobierno de Fujimori. Ello sólo hubiera generado enfrentamiento con las empresas y desconfianza de los inversionistas. En este diálogo, ha sido también valiosa la participación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), representada por su presidente, Carlos del Solar Simpson.